El 8 de mayo de 2024, el gobierno venezolano promulgó la «Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social Frente al Bloqueo Imperialista». Esta nueva normativa establece una «contribución especial» que deberán pagar las empresas privadas que realicen actividades económicas en el país, con el fin de fortalecer el sistema de pensiones.
La Contribución Especial: Otra Carga para el Sector Privado
Según la ley, las personas jurídicas, sociedades y empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, no importa que tengan fines de lucro o no, que tengan trabajadores en Venezuela, deberán aportar hasta un 15% de los salarios y bonificaciones que paguen a sus empleados. Este tributo se suma a las cotizaciones patronales existentes al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), que oscilan entre el 9% y 11%, mas el aporte al régimen prestacional de empleo (2%), fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (2%) y el aporte al INCES (2%) de la nómina, sin contar el aporte de los trabajadores, que en conjunto suman el 5.5% de la nómina, con lo cual, se suma este nuevo tributo a las contribuciones de nómina ya existentes, totalizando un estimado del 24.5% que gravan el pago del salario en Venezuela. De esta manera, el sector empleador privado se ve obligado a asumir una nueva carga fiscal, en un contexto económico ya de por sí complicado por la crisis, la alta inflación y las sanciones internacionales. Esto seguramente va a generar un impacto adicional de carácter negativo en la competitividad de las empresas venezolanas, presionando al alza los precios de bienes y servicios.
¿Una Solución Efectiva o un Parche Tributario?
Si bien el objetivo de la ley es proteger las pensiones de los venezolanos frente a los «efectos del bloqueo económico», su implementación plantea serias dudas sobre su efectividad y justicia distributiva.
En primer lugar, la ley parece olvidar que el mayor empleador del país es el propio Estado, con más de 5,5 millones de trabajadores en sus nóminas. Sin embargo, el gobierno no se impone a sí mismo ninguna contribución especial, lo cual genera una clara asimetría y discriminación hacia el sector privado. Además, en un entorno de alta informalidad laboral, donde una gran parte de la población trabaja en la economía informal, esta medida recaerá únicamente sobre un grupo cada vez más reducido de empresas que todavía se mantienen en la formalidad. Esto seguramente logrará el efecto contrario al esperado, es decir, incentivar aún más la informalidad y la evasión fiscal, reduciendo en lugar de aumentar la recaudación.
Conclusión: Hacia una Reforma Integral del Sistema de Pensiones
La Ley de Protección de Pensiones parece ser más un parche tributario que una solución estructural al problema de la sostenibilidad del sistema de seguridad social en Venezuela.
En lugar de imponer nuevas cargas al sector privado, el gobierno debería considerar una reforma integral que aborde los graves problemas que representa la informalidad y sus causas, la transparencia y la equidad en el financiamiento de las pensiones.
Culpar a las sanciones internacionales por los males económicos del país es una excusa que no resuelve los problemas de fondo. La realidad es que en un entorno de alta informalidad laboral y una economía en crisis, incrementar la presión tributaria sobre un grupo cada vez más reducido de contribuyentes formales no será efectivo para aumentar la recaudación. Por el contrario, medidas como la contribución especial de la Ley de Protección de Pensiones podrían incentivar aún más la informalidad y la evasión fiscal, reduciendo en lugar de aumentar los ingresos del sistema de seguridad social. Es necesario abordar las causas estructurales de la informalidad, como la excesiva carga regulatoria, burocracia, la falta de oportunidades y la desconfianza en las instituciones. Solo a través de un enfoque más amplio y participativo, que involucre a todos los empresarios, trabajadores y gobierno en un diálogo constructivo, se podrá comenzar a construir un sistema de pensiones verdaderamente sostenible. Esto requiere una reforma integral que promueva la formalización, la transparencia y la equidad, en lugar de parches tributarios que terminan perjudicando aún más a los pocos contribuyentes que quedan en el sistema formal. En resumen, culpar a las sanciones no resuelve nada si no se abordan los problemas estructurales de fondo. Es hora de apostar por soluciones de largo plazo que fortalezcan la economía y el sistema de seguridad social desde sus cimientos, con la participación de todos los sectores de la sociedad venezolana.