En la compleja trama de la economía venezolana, una reciente ola de acciones por parte de la administración tributaria ha encendido las alarmas, no por su novedad, sino por la cruda revelación de un sistema que parece haber perdido el rumbo. Me refiero a la imposición masiva de multas a empresas por la omisión de la declaración mensual establecida en la «Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista», el último tributo nacional creado por el Estado, vigente desde mayo de 2024.
Este no es un artículo para la simple queja, sino para la reflexión y, sobre todo, para la propuesta. Es un llamado al Gobierno a cambiar el paradigma: dejar de exprimir a un universo de contribuyentes que ya no da más —una presión que, según cifras extraoficiales ha empujado a una cifra alrededor del 60% de la economía a la informalidad— y empezar a cultivar un entorno donde cumplir sea posible, facil, lógico y, en última instancia, productivo para la nación.
La Lógica Rota: Castigando al Inexistente
El punto de partida de este análisis, que trata solo un ejemplo, es el último tributo creado, que data de mayo de 2024: la nueva contribución del 9% sobre el total de pagos realizados a los trabajadores. Un tributo que, como muchos otros, suma una carga a las ya asfixiadas finanzas de los contribuyentes activos. Sin embargo, el absurdo kafkiano se manifiesta cuando el sistema se vuelve contra aquellos que ya no operan: los “contribuyentes zombies”.
Estas son personas juridicas (compañías, asociaciones civiles, etc) que, en la práctica, han «fallecido», o en menor cuantía que no han iniciado actividades, en fin, que no tienen nominas de trabajadores. En este articulo el análisis se concentrará en empresas que cesaron sus operaciones, liquidaron a su personal y no generan ingresos, pero que permanecen en un limbo jurídico, «vivas» en el registro mercantil porque sus socios, ya quebrados, no han podido costear el engorroso y caro proceso de disolución. Son cascarones vacíos que la burocracia impide enterrar.
Ahora, la Administración Tributaria les exige declarar un tributo basado en una nómina que no existe. Y aquí la lógica se quiebra por completo:
- La Imposibilidad Material: La obligación tributaria nace de un hecho imponible. Si no hay trabajadores, no hay pagos, y por ende, no hay base sobre la cual calcular el 9%. Multar por no declarar algo que no se puede generar es un contrasentido jurídico y económico.
- El Laberinto Digital: El portal fiscal, lejos de ser una solución, se convierte en parte del problema. Para este tributo en particular, no permite presentar la declaración «en cero», una opción que, aunque no ideal, sí existe para otros impuestos como el IVA, las retenciones o el IGTF. Esta inconsistencia obliga al contribuyente a inventar un trabajador «fantasma» y un pago ficticio para luego declarar. Esto no es solo una falta de lógica, es una incitación desde la propia administración a cometer un ilícito, a falsear una declaración jurada oficial.
- La Inconstitucionalidad del Proceso: Las multas se están emitiendo de forma automática, sin un procedimiento administrativo previo que garantice el derecho a la defensa, un pilar fundamental de nuestra Constitución. El contribuyente, a menudo, se entera de la sanción de forma sorpresiva cuando ingresa al portal para cumplir con otras obligaciones, como las declaraciones «en cero» de otros tributos. Se sanciona primero, se pregunta después (o nunca), invirtiendo la carga de la prueba y dejando al ciudadano en un estado de indefensión.
Esta estrategia de «cobrar a los muertos» es el síntoma de una visión recaudatoria desesperada y cortoplacista. Es como intentar sacar agua de una piedra, ignorando que, con un poco de riego, esa piedra podría estar rodeada de un campo fértil. Al perseguir a estas empresas zombies, no se recauda nada significativo; solo se condena a la exclusión, genera frustración y se alimenta un sistema con datos inútiles que no reflejan ninguna actividad económica real.
Propuestas para un Sistema Tributario Racional: De la Sanción a la Solución
La solución no es, ni puede ser, seguir cavando el foso. Se trata de construir un nuevo modelo basado en la simplificación, la confianza y el incentivo. Un sistema donde el contribuyente no sea una víctima potencial, sino el principal actor estratégico en la recuperación del país.
Aquí algunas propuestas concretas y realizables:
- Crear el «Cese de Operaciones Simplificado» o «Hibernación Fiscal»:En lugar de forzar a las empresas a un costoso juicio de quiebra, se debe habilitar una opción en el mismo portal del SENIAT, lo cual se puede lograr rápidamente con un simple cambio en la programación de la plataforma. Un trámite sencillo donde el representante legal, con su usuario o firma electrónica, pueda notificar el cese de operaciones. Esto debería paralizar de inmediato todas las obligaciones de declaración periódica (IVA, ISLR, Pensiones, etc.), limpiando el registro de contribuyentes y liberando a miles de emprendedores de una carga inútil y angustiante.
- Simplificación Tributaria Real: Venezuela necesita urgentemente una reingeniería de su sistema impositivo. La maraña actual de impuestos, tasas y contribuciones nacionales, estatales y municipales es un laberinto que incentiva la informalidad. Se debe avanzar hacia la consolidación de tributos en pocas figuras impositivas, claras en su cálculo y sencillas en su declaración. Se pueden adoptar modelos exitosos en otros países, como el «monotributo», que unifica y facilita la formalización de pequeños emprendimientos. A nivel interno, es impostergable actualizar baremos anacrónicos, como los utilizados para la calificación de sujetos pasivos especiales o las escalas de tarifas 1 y 2 del ISLR, que han quedado completamente desfasadas por la inflación, entre otros.
- Fomentar el Cumplimiento, no la Persecución: Cambiemos el enfoque. En lugar de un ejército de fiscalizadores buscando “zombies” para multar, necesitamos un sistema que premie al buen contribuyente. Como medida primordial, se podría promulgar una ley de remisión tributaria general, enfocada en perdonar sanciones por deberes formales —no así deudas de impuestos por evasión o reparos fiscales—, para permitir a muchos contribuyentes ponerse al día. Adicionalmente, en lugar de simples descuentos, se debe reinstaurar incentivos potentes como las rebajas de impuesto por nuevas inversiones, que además se traducen en desarrollo real, tal como sucedió exitosamente en el pasado con las inversiones turísticas. A esto se suman la simplificación de trámites y los programas de asistencia en lugar de sanciones. La confianza es un motor más poderoso que el miedo.
- Tecnología al Servicio del Ciudadano, no de la Burocracia: Los portales fiscales deben ser herramientas intuitivas, estables y lógicas. Si una empresa no tiene actividad económica o empleados para un tributo específico, el sistema no debería forzar un dato falso. Debe ofrecer una opción clara como «No aplica / Sin actividad que declarar» o, idealmente, reconocer su estatus de «Hibernación Fiscal» (propuesto anteriormente) y eximirla del paso. La tecnología debe facilitar la vida, no convertirla en una carrera de obstáculos digital.
Conclusión: Dejar de Atender el Cementerio para Cultivar el Jardín
Insistir en cobrarle a contribuyentes que ya no existen en la práctica, es más que un error administrativo; es una metáfora de un modelo agotado. Es la renuncia a la tarea fundamental del Estado en materia económica: crear las condiciones para incentivar la inversión y en consecuencia, la generación de riqueza, cuyo principal beneficiario es justamente el Estado.
La prosperidad de una nación no se mide por la cantidad de multas que impone, sino por el número de empresas que nacen, crecen y prosperan. No hay cifras oficiales sobre la cantidad de empresas zombies en el país, pero cada una de ellas es el fantasma de un sueño roto, de empleos perdidos y de capital esfumado. Nuestra tarea no es profanar sus tumbas, sino asegurarnos de que el terreno sea fértil para que nuevas semillas puedan germinar.
Mantener esta política de persecución solo tiene una consecuencia inevitable: empujar a más gente hacia una informalidad no deseada, reduciendo aún más la base de contribuyentes formales. Que este análisis crítico pero sobre todo propositivo sirva, entonces, como un llamado a la sensatez y a la conciencia de quienes tienen el poder de decisión. Venezuela lo necesita, y los ciudadanos, que aún le apostamos, lo merecemos.